Examinando por Materia "Tratamiento penitenciario"

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Educación y tiempo disponible en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Mujeres de Bogotá. (CPAMSM-BOG).
(Universidad Pedagógica Nacional, 2022) Ramirez Lombo, Lady Katherine; Hernández Montenegro, Oscar Manuel; Lara Guzmán, Gabriel Antonio
Estudio de caso descriptivo realizado en la Cárcel y Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Mujeres de Bogotá que indagó sobre los usos de los tiempos de las Adultas Mayores Privadas de la libertad (AMPL) con el propósito de conocer los significados de las actividades de Estudio, Trabajo y Enseñanza que allí se comparten buscando posibles elementos que inciden en la metodología de educación popular usada en los Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional. Así, con la implementación de una encuesta de 19 ítems se consultó sobre el tiempo disponible usado en actividades propuestas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y los usos del tiempo disponible usado en actividades voluntarias que otorgo resultados relacionados con la satisfacción, utilidad e interés percibido por las Personas Privadas de la Libertad en las actividades. Con ello se implementaron entrevistas semiestructuradas que profundizaron algunos vínculos entre los significados de las AMPL con la perspectiva institucional, exponiendo particularidades entre: 1) el proceso de envejecimiento y las actividades dirigidas por INPEC y 2) las actividades voluntarias en el tiempo disponible diferentes a las propuestas por la entidad.
Emergencia de la educación superior en establecimientos carcelarios en Colombia entre los años 2005 a 2015.
(Universidad Pedagógica Nacional, 2019) Montañez Vera, Luis Nelson; Pardo, Jhon; Rosas Celis, Norida Katerin; Acevedo Ortiz, Edison Alberto; Herrera Beltrán, Claudia Ximena
La educación superior en las cárceles de Colombia es un asunto complejo y entrelazado en el que intervienen múltiples factores sociales, políticos, económicos y familiares; es una cuestión que se debate entre la necesidad de garantizar el acceso a programas de formación a la población carcelaria y las disímiles condiciones carcelarias que dificultan su desarrollo, entre las que se encuentran: la falta de recursos económicos, la infraestructura disponible, los niveles de hacinamiento, el tipo de centro carcelarios, la falta de oferta educativa y las condiciones de cada condenado. De hecho, la corte constitucional ha declarado el estado de cosas inconstitucional dada la situación carcelaria en el país. Por otra parte, los discursos que circulan en torno a la educación en la prisión dan cuenta de diferentes tensiones entre los actores involucrados; de una parte el Estado pone a circular el discurso del tratamiento penitenciario como mecanismo para lograr la resocialización del sujeto infractor, incluyendo a la educación como eje fundamental para la transformación del condenado, en términos de proyecciones de vida, utilidad en la sociedad y aprender a vivir con el otro; otra posibilidad es que el condenado accede al tratamiento como una estrategia para alcanzar la libertad de forma más expedita sin mayores pretensiones de transformación; mientras que la sociedad cada día demanda penas más altas, incluso promoviendo en algunos casos la cadena perpetua. En este mismo sentido, la responsabilidad de la resocialización del sujeto que ha sido condenado, recae sobre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que a través de diferentes políticas y acciones busca garantizar la dignidad humana en las cárceles, reconociendo los derechos fundamentales que tienen las personas aun cuando se encuentren privadas de la libertad; mientras que la sociedad civil y el sector empresarial parecieran no estar interesados en el asunto, son escasos los pronunciamientos desde estos sectores, y cada vez es más complejo promover la participación en la sociedad de las personas que han Estado privadas de la libertad. De nada sirve un proceso de educación superior exitoso al interior de la prisión y un tratamiento que busca la resocialización, si la sociedad no está dispuesta a acoger al sujeto y el sector empresarial a generar oportunidades de empleo, esto da cuenta de las pocas opciones que tiene una persona que ha cumplido una condena, lo cual conlleva la posibilidad de reincidencia en las prácticas delictivas. Es público que los problemas sociales, políticos y económicos del país, se ven reflejados en los niveles de violencia e inseguridad provocando la emergencia de tensiones y contradicciones en torno a lo que debe ser la política criminal, la política penitenciaria y política carcelaria. Mientras el Estado pone a circular el discurso de la justicia restauradora, gran parte de la sociedad demanda una justica altamente punitiva.