Salazar, María Cristina1996-04-242323-01340120-3916http://hdl.handle.net/20.500.12209/5728En América Latina y el Caribe, a partir de la ratificación de la Convención de la ONU de 1989, ocurre una saludable proliferación de estudios sobre el trabajo infantil y juvenil, y comienza a surgir una conciencia pública mayor sobre los efectos —a veces perversos— del ingreso prematuro de millones de niños y niñas en el mercado laboral y, en particular, de su participación en trabajos dañinos o peligrosos que afectan su desarrollo, salud y escolaridad.1 Tanto los gobiernos como la sociedad civil han comenzado a responder a este problema, mediante la elaboración de nuevas políticas y programas sociales, inspirados muchos de ellos en el espíritu del artículo 32 de dicha Convención.application/pdfspahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Artículo de revistaAttribution-NonCommercial 4.0 International